Ordenan cancelar 200 ordenas de aprehensión contra población mazateca

* La resolución judicial protege a más de 40 personas

* Fiscalía debe cancelar las órdenes de aprehensión

Comunicado de Prensa

Ciudad de México, 25 de septiembre de 2026.- La justicia federal ya habló. Ahora el fiscal general de Oaxaca debe responder con la cancelación de las órdenes de aprehensión de los exiliados mazatecos, señalan Presos Políticos Eloxochitán de Flores Magón.

En un boletín de prensa, señalan que quedó firme el amparo contra 200 órdenes de aprehensión que fueron emitidas en el año 2025; la comunidad exige cancelar las demás órdenes que mantienen exiliados a 14 campesinos mazatecos desde hace doce años.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, desechó los recursos de revisión que pretendían impedir que la protección federal quedará firme, con esto se protege a más de 40 personas de las órdenes de aprehensión por delitos de incendio y robo en “supuestos hechos” ocurridos en 2025.

Una de esas revisiones fue presentada por Elisa Zepeda Lagunas, quien no es parte, víctima ni ofendida en el juicio de amparo relativo a las 200 órdenes, y aún así, en un acto que la comunidad mazateca considera autoritario, presentó el escrito asegurando que ella era parte de ese juicio. La otra petición de revisión fue presentada por su padre, pero fuera del plazo legal.

Elisa Zepeda es actualmente diputada plurinominal por Morena, también fue Secretaria de las Mujeres del Estado de Oaxaca, desde donde, en el año 2023, de acuerdo con la investigación del El Giro de la Rueda, mantuvo de forma simultánea a la abogada Rosa Jiménez Ríos como su asesora privada en los procesos contra los indígenas mazatecos y como directora de una de las áreas de la misma Secretaría, señala la organización.

Sostienen que a través de su representante legal, Zepeda Lagunes también acusó a los 14 exiliados mazatecos de crímenes de alto impacto, acusaciones, que de acuerdo con una sentencia “histórica”, así denominada por las familias mazatecas, ganada por el mazateco Miguel Peralta, carecen de credibilidad.

El padre de la diputada, Manuel ZepedaCortés se dedica a la extracción ilegal de materiales pétreos del río Xangá Nda Ge de Eloxochitlán, un río que está devastado y sufre de contaminación a causa de la actividad extractiva, como lo documentó la Primera Misión de Observación Civil de junio del 2025.

Para la comunidad, el haber logrado que el amparo protector contra las 200 órdenes de aprehensión quedara firme, tiene una importancia que va más allá de las personas directamente protegidas por ese amparo: se suma a una serie de amparos favorables obtenidos en Boca del Río que han revisado todos los procesos penales contra integrantes de Eloxochitlán y han encontrado ilegalidades en las diversas órdenes de aprehensión.

Una nueva respuesta de la justicia federal

El amparo que hoy queda firme no corresponde al mismo expediente que mantiene vigentes las órdenes contra los 14 campesinos que permanecen exiliados; pero forma parte del mismo contexto de criminalización y de los mismos procesos construidos contra personas defensoras del Río Xangá Ndá Ge, el territorio y la autonomía comunitaria que datan del año 2014.

Por eso, su firmeza constituye para la comunidad un nuevo mensaje de la justicia federal: las órdenes de aprehensión contra los 14 exiliados no pueden permanecer intocables cuando los datos posteriores y las propias resoluciones judiciales ya las derrumbaron.

Al Fiscal General de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, ahora le corresponde actuar. Aseguran que ya le solicitaron formalmente al Fiscal General del Estado de Oaxaca que ejerza sus facultades y solicite al órgano jurisdiccional correspondiente la cancelación de las órdenes de aprehensión porque ya no son procedentes.

El Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca contempla precisamente la posibilidad de solicitar la revocación de una orden de aprehensión no ejecutada cuando, por datos posteriores, ésta deja de ser procedente.

La petición presentada por la comunidad fue acompañada de 15 elementos de prueba, además de la relación de múltiples amparos ganados, autos de libertad y resoluciones judiciales ganadas por otros compañeros y compañeras de los exiliados (algunos de ellos fueron presos y liberados) relacionados con las acusaciones de alto impacto.

Ya no existe sustento ni razón jurídica para mantener vigentes órdenes de aprehensión que fueron emitidas hace más de una década y cuyos presupuestos han sido cuestionados por las propias resoluciones judiciales posteriores.

Aunado a lo anterior, está el antecedente del 28 de noviembre de 2023, cuando ocurrió un hecho que la comunidad considera fundamental; puesto que el 28 de noviembre de 2023, tres campesinos mazatecos recuperaron su libertad después de permanecer siete días detenidos por una acusación; pero al salir de prisión ya no fueron nuevamente detenidos por las otras órdenes de aprehensión que ya tenían desde 2015, como ocurría en años anteriores con otros mazatecos.

Para la comunidad, aquel hecho demostró algo importante: la existencia formal de aquellas órdenes pudo haber hecho que los detuvieran nuevamente, pero no fue así. La propia Fiscalía reconoció, en los hechos, que es ilegal detener a los mazatecos de Eloxochitlán puesto que, hasta el cansancio, los amparos han establecido que esas órdenes de aprehensión son ilegales.

Tres años después, la pregunta sigue vigente: si en ese entonces los mazatecos Jaime Vidauria, Artemio Vidauria y Ranulfo Vidauria pudieron recuperar su libertad sin ser detenidos por aquellas órdenes, ¿por qué hoy deben continuar exiliados ellos mismos y otros campesinos cuando existen nuevos datos, amparos y resoluciones judiciales que obligan a revisar la procedencia de esas órdenes?  

La Fiscalía puede actuar de oficio, de propia voluntad, para pedir la cancelación de las órdenes, sin embargo, ha sido necesario que las familias mazatecas instalen un plantón en el centro del país para exigir al Fiscal General que cumpla su deber.

Queremos volver a casa

La comunidad no pide privilegios; exige que la Fiscalía utilice las facultades que la ley le concede para dar fin a la persecución contra indígenas de Eloxchitlán de Flores Magón.

La justicia federal ha dado nuevas respuestas. Ahora exigimos que la Fiscalía de Oaxaca responda a nuestra petición: Queremos llevarnos a nuestros compañeros a casa, en libertad.