Invisibles para las instituciones, personas indígenas que sufren desaparición forzadas

* Voces del Territorio presenta resultados de una investigación que revela que más del 80 % fueron buscados sin apoyo de autoridades

* Autoridades de los tres niveles entre las responsables de las agresiones

Lorena Vaniezcot

Ciudad de México, 6 de agosto, 2026.- Dos veces invisibles es el contexto de la desaparición forzada y la violencia digital que viven personas indígenas en México, donde su búsqueda se realiza en el 84.4 por ciento de las veces sin apoyo de las autoridades y en gran medida los perpetradores son autoridades municipales, estatales, federales y fuerzas armadas, además del crimen organizado.

Así lo señalaron en conferencia de prensa Anabela Carlon Flores, directora de Voces del Territorio; Daniela Niniz Rojas, comunera Cherán, y Guadalupe Vásquez Luna, integrante de Las Abejas de Acteal al presentar los resultados de la documentación de casos de desaparición forzada y de agresiones digitales contra personas indígenas defensoras del territorio, como una manera de visibilizar estas violencias que frenan y limitan su labor.

Los resultados fueron presentados a propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora este 9 de agosto y cerca de una conmemoración más del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas (30 de agosto) y muestran que los datos oficiales no reflejan la realidad, al identificar qué dimensiones de la problemática aparecen cuando la información se produce desde las comunidades y cuales permanecen visibles o dejan de serlo en el registro administrativo.

En este trabajo, identifican qué aspectos de la desaparición de personas indígenas son visibles en ambos espacios y cuales quedan ocultos o insuficientemente documentados, que difícilmente aparecerán en las estadísticas, o de identificar otras afectaciones comunitarias.

Voces del Territorio realizó su investigación en los estados de Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Sonora donde aplicó 152 encuestas y 45 entrevistas en profundidad, el resultado les permite comparar lo que viven los pueblos indígenas frente a lo que registran las instituciones públicas.

Los autores

En cuanto a los autores de esta grave violación a derechos humanos, los testimonios señalan no solamente al crimen organizado (39 de 45) como perpetrador de las desapariciones, sino a autoridades municipales (19 de 45), estatales (17 de 45) y federales (14 de 44), incluyendo a las Fuerzas Armadas (10 de 44), ya sea por participación directa, colaboración o aquiescencia. Esto, conforme al derecho nacional e internacional, configura desaparición forzada.

Por otra parte, encontraron que el 46.7 por ciento de las personas desaparecidas son jóvenes, entre 18 y 30 años, casi la mitad.

Después de la desaparición, en el 77.8 por ciento de los casos, las familias no contaban con ninguna información sobre cómo localizar a las personas.

Más de la mitad, en el 60 por ciento de las veces se interpuso una denuncia ante una autoridad, aunque el 28.9 por ciento de las personas indígenas desaparecidas no habían sido reportadas, esto como resultado del desconocimiento de la existencia de las instancias, la desconfianza a las autoridades y la lejanía de los servicios.

El 47.7 por ciento de las personas entrevistadas señaló que la familia estaba buscando sola y 20.5 por ciento reportaron que no había habido búsqueda. Lo más grave fue que en el 84.4 por ciento de los casos no recibieron apoyo gubernamental para la búsqueda.

Invisibles

Anabela Carlon Flores, Daniela Niniz Rojas y Guadalupe Vásquez señalaron también que se encontró evidencia de la falta de información sobre la pertenencia a Pueblos Indígenas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). 

En los 26 municipios de Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Sonora consultados, el RNPDNO reflejó 21 registros de personas indígenas bajo las etnias específicamente consultadas frente a las 152 personas encuestadas que pertenecen a comunidades indígenas, que reportaron conocer al menos un caso de desaparición en su comunidad.

En cuanto a la seguridad e impactos en las personas entrevistadas, el 5.1 por ciento reportó que recibió amenazas de secuestro o desaparición; el 65.1 por ciento amenazas de muerte. Además, el 48.8 por ciento reportó deterioro de la salud mental. Entre las consecuencias fatales, se documentaron 21 casos de asesinato de personas cercanas o de encarcelamiento.

Agresiones digitales

Esta investigación se realizó en las comunidades purépecha de Michoacán, Zapoteca de Oaxaca y Yaqui de Sonora, con el respaldo de las alianzas con Indigenous People Rights Internacional (IPRI) y la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC), de autoridades y organizaciones locales.

Los seis hallazgos principales fueron; La investigación identificó seis hallazgos principales; la violencia digital es una extensión de la violencia territorial que enfrentan los Pueblos Indígenas; persisten profundas brechas en el acceso y uso de la tecnología en comunidades indígenas; las mujeres indígenas son quienes enfrentan con mayor frecuencia ataques digitales, marcados por el machismo y el racismo; los ataques digitales están vinculados a intereses políticos, empresariales y del crimen organizado; as comunidades han respondido fortaleciendo estrategias propias de resistencia, como medios de comunicación autónomos, mecanismos de control de la información y formas de organización colectiva y la defensa del territorio también se desarrolla en el espacio digital, donde estas violencias afectan la autonomía, la organización comunitaria y el tejido social.