La Mala Educación

* La voz prestada

Sonia del Valle

Ciudad de México, 23 de septiembre de 2026.- ¿Saben cuántos acuerdos secretariales he leído?

Muchos. En mi trabajo como periodista me ha tocado leer todo tipo de regulaciones que emite la Secretaría de Educación Pública: planes, programas, calendarios, reglas de operación, procedimientos.

Por eso me llamó la atención el Acuerdo 09/09/26, publicado ayer, para regular el uso de dispositivos digitales en las escuelas. No por su largo nombre, sino por sus tres anexos: tres decálogos escritos en primera persona, como si hablaran las y los estudiantes.

El gesto es novedoso. Y ahí está la trampa.

Los acuerdos secretariales están dirigidos a las autoridades que deben aplicarlos. Este también. Pero sus anexos hablan como niñas, niños, adolescentes y jóvenes: “No necesito el celular”, “Mi opinión cuenta”, “Soy parte de una ciudadanía digital”.

El problema es que esa primera persona no nació de su voz.

El Acuerdo se sustenta, entre otras cosas, en una consulta nacional realizada el 24 y 28 de agosto durante la fase intensiva de los Consejos Técnicos Escolares. Participaron 565,396 figuras educativas. La consulta recogió percepciones docentes sobre atención, memoria, regulación emocional, convivencia y uso de dispositivos.

No fueron consultadas las y los estudiantes de educación básica.

Tampoco aparecen como participantes en el proceso de implementación previsto en el transitorio segundo, que ordena asambleas con madres y padres, personas tutoras y demás integrantes de las comunidades educativas.

Y el contraste entre los tres decálogos resulta revelador.

En media superior, el primer punto es: “Dialogo y participo”. El Acuerdo establece asambleas para que cada escuela construya sus propias reglas sobre el uso de dispositivos.

En educación superior, el estudiante dice: “Defino cuándo, dónde y durante cuánto tiempo se utilizan” y participa en la construcción de acuerdos.

En educación básica, no.

Ahí la niña o el niño dice: “No necesito el celular”. Dice que le gusta convivir sin redes sociales, que quiere ser feliz en la escuela y que sus maestras y maestros “me quieren y me cuidan”.

La gradualidad de la participación puede ser razonable. La edad, el desarrollo y la madurez importan. Pero participar no significa necesariamente decidir. También puede significar ser escuchado.

Y eso es lo que no encuentro en el acuerdo.

La primera persona funciona aquí como un mecanismo de apropiación: la norma ya no parece venir de la autoridad. Parece salir de la boca del estudiante.

Ese es el problema.

“No necesito el celular” no es lo mismo que preguntarle a una niña o a un niño qué necesita para aprender sin él.

“Me van a proteger y atender” no es lo mismo que reconocerle un derecho que pueda exigir.

Hablarle al estudiante no es escucharlo.

El Acuerdo entrará en vigor el 3 de noviembre. Para entonces, millones de niñas, niños y adolescentes tendrán frente a ellos un decálogo escrito como si fuera su propia voz.

La pregunta que queda es sencilla: ¿Y cuándo vamos a escuchar qué tienen ellos que decir?