FGR reabre la investigación por la muerte de Elisa Loyo en Filipinas

* La decisión deriva de una sentencia de amparo que ordenó investigar el caso con perspectiva de género

* Concluyó que nunca se descartó la posibilidad de un feminicidio

Comunicado de Prensa

Ciudad de México, 3 de agosto de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) reabrió la investigación por la muerte de Elisa Loyo Gutiérrez, ocurrida en Filipinas en 2008, después de que un Tribunal Federal concluyera que el caso nunca fue investigado conforme a los protocolos para las muertes violentas de mujeres y ordenara realizar actos de investigación con perspectiva de género. La decisión representa un avance histórico en la lucha que durante 17 años ha emprendido su madre, Rosa de Guadalupe “Tita” Gutiérrez Cabello, para acceder a la verdad y la justicia.

El pasado 29 de julio, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la señora Rosa de Guadalupe Gutiérrez Cabello sostuvieron una reunión de trabajo con autoridades de la Fiscalía General de la República para conocer la ruta de cumplimiento de la sentencia de amparo en revisión 7/2024, emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Octavo Circuito.

En la reunión participaron Raúl Armando Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control de Competencia (FECOC); Fernanda Pérez Galindo, Fiscal Especial de Asuntos Internacionales, y Arturo Bernardino Toxqui, encargado del despacho de la Unidad Especializada de Delitos Cometidos en el Extranjero.

Durante el encuentro, la FGR informó que, en cumplimiento de la sentencia de amparo, dejó sin efectos la determinación de no ejercicio de la acción penal emitida en 2022. Esto significa que la Fiscalía deberá retomar la investigación de la muerte de Elisa Loyo Gutiérrez y conducirla con perspectiva de género, conforme a los protocolos y estándares previstos en la legislación nacional e internacional para investigar las muertes violentas de mujeres.

La decisión deriva de la resolución del Tribunal Colegiado, que concluyó que la investigación no se realizó conforme a dichos protocolos y que no se descartó, mediante una investigación adecuada, la posibilidad de que Elisa hubiera sido víctima de feminicidio. Asimismo, la Fiscalía se comprometió a realizar una investigación con perspectiva de género, practicar todas las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y mantener un trabajo coordinado con la familia y el OCNF. Como parte de este proceso, recibirá observaciones y propuestas necesarias para fortalecer el plan de investigación y garantizar que todas las líneas de investigación sean debidamente agotadas, con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que Elisa fue privada de la vida. También se acordó mantener una coordinación permanente entre el Ministerio Público y la representación de la familia para evitar obstáculos en el acceso a la verdad y la justicia.

La sentencia de amparo establece que la Fiscalía General de la República deberá:

* Dejar sin efectos la resolución del 6 de julio de 2022, mediante la cual se determinó el no ejercicio de la acción penal.

* Ordenar que el Ministerio Público Federal realice todas las diligencias necesarias para investigar la muerte de Elisa con perspectiva de género, conforme a la legislación nacional y a los estándares internacionales de derechos humanos.

* Concluir la investigación de manera oportuna, inmediata, seria, imparcial y efectiva, con el propósito de esclarecer los hechos.

* La muerte de Elisa Loyo Gutiérrez fue clasificada por las autoridades filipinas como un suicidio. Sin embargo, durante años su familia ha documentado diversas irregularidades, entre ellas el presunto ocultamiento de pruebas, inconsistencias en la investigación y la ausencia de una indagatoria con perspectiva de género. Estas deficiencias fueron determinantes para que un Tribunal Federal ordenara reabrir el caso y garantizar una investigación conforme a los estándares de derechos humanos.

Para el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, este avance constituye un paso importante para el acceso a la justicia de la familia de Elisa, pero también evidencia las graves fallas institucionales que permitieron que el caso permaneciera prácticamente cerrado durante años.

Diecisiete años después, la familia de Elisa aún espera conocer la verdad. La reapertura de la investigación representa una nueva oportunidad para que el Estado mexicano cumpla finalmente con su obligación de investigar de manera diligente, sancionar a los responsables y garantizar que ninguna muerte violenta de una mujer quede en la impunidad, sin importar el país donde haya ocurrido.

El OCNF continuará dando seguimiento al cumplimiento integral de la sentencia y acompañando a la familia hasta que el derecho a la verdad y a la justicia sea plenamente garantizado.