Exigen resolver pendientes para garantizar el derecho al aborto, sostienen este 28S

* Decidir sobre nuestros cuerpos y vidas es un derecho fundamental a la salud integral

* Por la autonomía corporal y el aborto legal, seguro y accesible en Oaxaca

Foto tomada de RS

Oaxaca, 28 de septiembre de 2026.- En este 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, quienes integramos Mujeres Oaxaqueñas Tejiendo Comunidad levantamos la voz para reiterar que decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas es un derecho fundamental a la salud integral, la autonomía corporal y la justicia social de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

Por ello exigen al gobierno de Salomón Jara:

• Garantizar el acceso efectivo, gratuito, oportuno, confidencial y sin estigma a la interrupción legal del embarazo en todas las regiones de Oaxaca, sin discriminación alguna.

• Al Congreso del Estado de Oaxaca, vigilar la aplicación de la reforma de 2019, aprobar presupuesto suficiente, armonizar leyes estatales, revisar normas que mantengan barreras y citar a comparecer a las autoridades responsables de salud y educación.

• Ampliar, fortalecer y descentralizar la red pública de servicios acercando a comunidades rurales, indígenas y afromexicanas la disponibilidad de procedimientos y rutas de referencia evitando que tengan que desplazarse. La información debe ser clara, accesible, verificable y estar disponible en lenguas y formatos pertinentes.

• Garantizar atención integral con consejería respetuosa, consentimiento informado, manejo del dolor, medicamentos o aspiración manual endouterina cuando corresponda, seguimiento, anticoncepción postaborto sólo si la persona la desea.

• Asegurar servicios confidenciales y amigables para adolescentes, así como atención pertinente para personas indígenas, afromexicanas, con discapacidad, migrantes, trans y no binarias con capacidad de gestar.

• Asegurar que las sobrevivientes de violencia sexual reciba de inmediato información, atención médica y psicológica, profilaxis, anticoncepción de emergencia, interrupción legal del embarazo cuando la solicite y acompañamiento sin juicios, revictimización ni exigencias de trámites no justificados en la ley.

• Reconocer y atender las barreras específicas que enfrentan las personas trans y no binarias con capacidad de gestar frente al estigma, la violencia, la discriminación y la negación de servicios. La atención debe respetar su identidad, nombre, pronombres, privacidad y decisiones.

• Impedir que la objeción de conciencia se convierta en una negativa institucional. Las unidades deben contar con personal suficiente y rutas inmediatas de sustitución.

• Proteger a acompañantes, defensoras, parteras, promotoras comunitarias y profesionales de la salud que sostienen redes de información, cuidado y acceso.

• Garantizar una política integral para vidas libres de violencia de género: prevención, atención, sanción, reparación y no repetición frente a la violencia sexual, obstétrica e institucional, con rutas de atención coordinadas y acceso a la justicia.

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En esta fecha de memoria, organización y exigencia feminista, que nació de las luchas latinoamericanas y caribeñas contra la criminalización del aborto, nos sumamos a la jornada para denunciar las desigualdades que impiden que la autonomía corporal sea una realidad. Reconocemos la fuerza de quienes han acompañado abortos, sostenido redes de cuidado y transformado el marco legal. También señalamos que el reconocimiento jurídico sólo tiene sentido cuando se convierte en acceso real, oportuno, seguro y libre de estigma para todas las mujeres y personas gestantes que así lo decidan.

Desde 2019, Oaxaca se comprometió a garantizar la interrupción del embarazo por libre decisión dentro de las primeras 12 semanas de gestación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció además, que la criminalización absoluta del aborto vulnera la dignidad humana, la autonomía reproductiva, el libre desarrollo de la personalidad, la salud y la igualdad y no discriminación.

Sin embargo, una reforma legal es sólo un paso más hacia la garantía de derechos, la cual se queda incompleta cuando una persona no sabe dónde acudir para acceder a la atención, debe viajar durante horas para llegar a una unidad médica que preste el servicio, encuentra clínicas y hospitales carentes de insumos o personal capacitado, haciendo que se enfrenten a la revictimización y prejuicios.

Las organizaciones y colectivas seguimos documentado que las instituciones continúan dando indicaciones contradictorias y negando las ILES. Sin dejar de mencionar, que como en otras casos, también se sostiene la falta de atención en los diversos idiomas originarios del estado, la discriminación sigue presente por edad, origen, discapacidad, condición económica, orientación sexual o identidad de género.

Estas barreras forman parte del gran mapa de violencias de género que se viven día a día. La ENDIREH 2021 mostró que 70.1 % de las mujeres de 15 años y más en México había vivido al menos una situación de violencia a lo largo de su vida, la violencia sexual alcanzó el 49.7 %.

Por su parte, en la plataforma de violencia feminicida de Consorcio Oaxaca se registraron 525 casos en la categoría de delitos sexuales y 2,792 agresiones en total durante la administración de Salomón Jara Cruz, desde el 1 de diciembre del 2022 a la fecha. Siendo sólo un registro hemerográfico que, por su propia naturaleza, ni siquiera refleja la totalidad de los hechos, sino únicamente aquellos que logran hacerse visibles.

La violencia sexual, la violencia obstétrica, la discriminación por embarazo, la falta de acceso a educación, salud, trabajo, vivienda, justicia y movilidad, así como la pobreza y el racismo, reducen las posibilidades de decidir y sostener proyectos de vida autónomos. Para las personas con capacidad de gestar, estas violencias se agravan cuando el Estado niega información, impone maternidades, desconoce identidades o convierte la atención reproductiva en procesos revictimizantes.

No olvidemos que en relación a los embarazos producto de una violación sexual, la Suprema Corte ya ha establecido que negar o condicionar el acceso a la interrupción legal del embarazo puede constituir una forma de tortura y de tratos crueles, inhumanos o degradantes, porque prolonga los daños físicos y psicológicos del delito y obliga a mantener un embarazo no deseado.

En este contexto, resulta inaceptable que el sistema de salud en el estado opere con falta de personal, medicamentos, insumos, equipamiento e infraestructura. En 2025, trabajadoras y trabajadores de salud del Istmo denunciaron estas carencias, mientras que el Hospital Civil Dr. Aurelio Valdivieso tuvo que suspender cirugías programadas por falta de insumos y combustible.

La objeción de conciencia, la discriminación y cualquier práctica que retrase, niegue o condicione la atención para la interrupción del embarazo también constituyen barreras institucionales que profundizan la desigualdad y ponen en riesgo la vida y la salud de mujeres, niñas, adolescentes y personas con capacidad de gestar.

De igual forma, la garantía de una educación integral en sexualidad enfrenta profundas desigualdades en Oaxaca. De acuerdo con el CONEVAL, 29.1% de la población oaxaqueña se encontraba en situación de rezago educativo en 2022, uno de los porcentajes más altos del país.

A esta carencia se suma la violencia sexual que ocurre dentro de los propios espacios educativos, sólo durante el 2025 y 2026 se acumulan denuncias por parte de estudiantes y sus familiaes en diversos planteles a distintos niveles educativos, incluyendo COBAO, CETIS, UABJO y CIIDIR-IPN Unidad Oaxaca. Frente a esta realidad que evidencia que las mismas instituciones encubren agresores, preguntamos ¿Cómo se pretende garantizar el derecho a la educación integral en sexualidad si niñas, adolescentes y jóvenes no están seguras en las escuelas donde deberían aprender?

Reconocer la justicia reproductiva

Para ello es fundamental que se reconozca la justicia reproductiva como una política pública integral. Poder decidir abortar y poder decidir continuar un embarazo deben ser opciones reales sostenidas por salud, vivienda, alimentación, cuidados, ingresos, educación y una vida libre de violencias.

Por eso defendemos una autonomía corporal que incluya el derecho a decidir si, cuándo y cómo vivir la sexualidad. Defendemos comunidades donde nadie tenga que enfrentar una decisión reproductiva en soledad y mucho menos, sufrir las consecuencias de un estado negligente que no garantiza servicios de salud de calidad y dignos.

Reconocemos que el aborto forma parte de los saberes, prácticas y redes comunitarias en los pueblos de Oaxaca, como en toda Latinoamérica. Por ello, reivindicamos el papel de las parteras tradicionales y acompañantas de aborto, quienes brindan escucha, información y cuidados amorosa y comprometidamente. Es labor del Estado proteger estos saberes y articularlos con servicios públicos seguros, pertinentes y libres de discriminación. Recordemos que el aborto es un asunto de agenda de salud pública y, por tanto, la responsabilidad principal corresponde a las instituciones.

Este 28S 2026 renovamos nuestro compromiso de seguir tejiendo redes acompañamiento, cuidado e incidencia desde nuestros territorios. Seguiremos documentando las barreras, acompañando a quienes lo necesiten, exigiendo respuestas institucionales y construyendo alianzas con comunidades, escuelas, personal de salud, defensoras y feministas.